Hacia una “nueva normalidad”: el desmantelamiento de los órganos reguladores

Con el pretexto de la austeridad republicana, el Poder Ejecutivo pretende concentrar nuevamente la regulación de ciertos mercados que hoy está en manos de organismos técnicos y autónomos.

Por Gerardo Carrasco y Felipe Neri

El partido mayoritario en la Cámara de Senadores, a través de su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, presentó una nueva INICIATIVA de reforma constitucional en materia regulatoria. Pretende desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), órganos constitucionales autónomos, así como a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), órgano regulador coordinado en materia energética, a fin de crear un súper órgano denominado Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar (INMECOB).

La propuesta se da a conocer a menos de dos semanas de que el presidente, en su CONFERENCIA MATUTINA del 29 de mayo, considerara que órganos reguladores como la COFECE no son esenciales porque no tiene conocimiento de su denominación:

Este otro instituto en donde se ampararon porque quieren ganar 200 000 pesos mensuales, que no sé ni cómo se llama. Imagínense, si el presidente no tiene conocimiento pues es algo que no es esencial, y no es esencial porque crearon estos organismos para simular (…) Hay un instituto que se llama instituto de telecomunicaciones, Ifetel (sic), tiene una estructura aparte de 10 consejeros, esos no ganan menos de 100 000 cada uno, 10 o nueve, más de siete, pero como 40 direcciones y asesores.

Lo anterior es de suma relevancia. Más allá de la exposición de motivos realizada por el senador Monreal, la iniciativa de reforma despierta dudas sobre si la motivación para la supresión de los organismos referidos y la creación de un nuevo órgano regulador obedece en realidad a la pretensión del Poder Ejecutivo de modificar sustancialmente la operación de los sectores que el presidente considera como no esenciales. No olvidemos que, en la misma conferencia, López Obrador sentenció: “¿Y qué? ¿Ya no hay monopolios en la comunicación? ¿Ya no hay actores preponderantes, como eufemísticamente se les llama a los monopolios? Entonces, ya no vamos a seguir con lo mismo.”

La propuesta de reforma representa un peligro para el modelo de estado regulador en México. Con el pretexto de implementar la política de austeridad republicana, este nuevo intento de que el Poder Ejecutivo recupere funciones regulatorias representa un nuevo ataque a organismos dotados de autonomía de elevada capacidad técnica.

La iniciativa de reforma se aparta de los beneficios de un modelo de Estado regulador

Con la creación de nuevos órganos de Estado acotados a determinadas funciones se redefinió la concepción tripartita y tradicional de la división de poderes en México. Se optó por un modelo de Estado regulador como un nuevo parámetro de control para revisar la validez de actos y normas de los órganos autónomos, los cuales tienen el encargo institucional de regular técnicamente ciertos mercados o sectores de manera independiente con base en su especialización. [1]

Dentro del nuevo paradigma del modelo de Estado regulador se concibió la creación del IFT y la COFECE como órganos especializados en competencia económica y telecomunicaciones encargados de la regulación y control de esas funciones de Estado constitucionalmente reconocidas como primarias.

La austeridad republicana como excusa para eliminar organismos autónomos

La iniciativa de reforma constitucional pretende justificar la desaparición de la CRE, el IFT y la COFECE en supuestos ahorros para el Estado Mexicano. Sin embargo, pierde de vista que la eficiencia y el debido funcionamiento en los mercados regulados a través de la importante labor que realizan dichos organismos incentiva un mejor funcionamiento de la economía, generación de riqueza y creación de empleos. La reducción de la capacidad técnica del Estado para regular los mercados en los sectores energético y de telecomunicaciones y radiodifusión, así como establecer políticas antimonopólicas acrecentará las externalidades negativas y disminuirá la competencia y libre concurrencia. Esto tendrá afectaciones para inversionistas, empleados y consumidores.

Además, la pretendida nueva austeridad en los órganos reguladores es incongruente con el texto de las normas transitorias de la reforma, pues se desprende que la planta laboral de los tres organismos no sea reducida sino concentrada. Únicamente se eliminarán ciertas áreas y funciones lo que, inclusive, podría generar fenómenos de duplicidad de funciones al interior del llamado INMECOB.

La captura de los órganos reguladores por parte del Poder Ejecutivo Federal

El proceso de designación de los titulares del órgano de gobierno del INMECOB implica una reconcentración de poder en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión, y competencia económica por parte del Ejecutivo Federal. El texto de la propuesta prevé que el Presidente de la República tenga injerencia directa en los procesos de designación, a diferencia de lo que sucede con el IFT y la COFECE.

En la actualidad, para la designación de los miembros de los órganos de gobierno del IFT y de la COFECE, la Constitución establece uno de los procedimientos más rigurosos para salvaguardar la independencia y autonomía de sus titulares. Se prevé que un comité de evaluación integrado por los titulares de otros tres organismos autónomos —el Banco de México, el ya extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía— sea el que, previa convocatoria cuando se presente una vacante, califique si los aspirantes a ser designados como comisionados cumplen con los requisitos necesarios. Además, el comité de evaluación debe aplicar un examen de conocimientos para el que se considerará la opinión de, al menos, dos instituciones de educación superior. El comité debe enviar una lista de tres a cinco aspirantes con las calificaciones más altas al Poder Ejecutivo; este último seleccionará a un candidato para que, en su caso, sea ratificado por dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República.

En contraste, la iniciativa de reforma prescinde del comité de evaluación —y con ello, de la participación de organismos autónomos e instituciones educativas en el proceso de designación—, elimina la evaluación de los conocimientos de los aspirantes al INMECOB, y le otorga  al Presidente la facultad exclusiva para elegir, de una lista enviada por el Senado, quién o quiénes ocuparán el cargo respectivo.

La exposición de motivos propone eliminar el examen de conocimientos para “evitar la formación endogámica”, “incorporar visiones externas” y “evitar un sesgo a favor de una formación exclusiva tecnocrática”, sin dar motivación adicional. Es contradictorio pretender, por un lado, mejorar las condiciones del mercado en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión y, por el otro, prescindir de la participación de especialistas en las materias en el órgano de gobierno del órgano regulador. Además, la afirmación en torno a la endogamia resulta gratuita e injustificada, pues no se indica por qué el proceso de designación que existe en el IFT y la COFECE no permite la entrada de cualquier persona que cumpla con los requisitos formales y demuestre tener los conocimientos suficientes.

Conclusiones

La transformación de los órganos desconcentrados, Comisión Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia y Comisión Reguladora de Energía en organismos reguladores del Estado Mexicano con autonomía constitucional –los dos primeros– y técnica, operativa y de gestión ha logrado fortalecer los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión, competencia económica y energía en favor de los usuarios y consumidores finales y, en general, de la sociedad mexicana. El Poder Judicial de la Federación, a través de los órganos jurisdiccionales especializados en la materia, ha construido un sistema de precedentes lo suficientemente vasto para reducir la inseguridad jurídica de los agentes económicos y operadores generando mayor confianza en las inversiones.

Gran parte de los avances obedece al uso eficiente de los recursos asignados al IFT y a la COFECE a lo largo de casi siete años de su creación y a que los miembros de sus órganos de gobierno son realmente independientes del Poder Ejecutivo Federal. Si bien existen áreas en las que dichos organismos pueden mejorar —lo cual obedece, principalmente, a cuestiones presupuestales que, en última instancia, dependen de la Cámara de Diputados— la manera de continuar generando bienestar en la población no es eliminándolos, sino fortaleciéndolos.

La injerencia directa del Presidente de la República en la designación de los integrantes del INMECOB y la eliminación del examen de conocimiento de los candidatos atenta contra la naturaleza misma de los órganos reguladores. Eliminar procesos de designación técnicos en los que participan contrapesos de poder terminará por comprometer la autonomía regulatoria frente al Poder Ejecutivo y disminuiría su capacidad técnica de decisión.

La creación de un nuevo organismo en el que el Presidente de la República tenga injerencia directa en la designación de sus titulares bajo el pretexto de generar una mayor eficiencia en perjuicio de la especialización no es una decisión adecuada; permitirá la politización de la toma de decisiones técnicas en perjuicio de los sectores regulados. La llamada austeridad republicana no debe ser la solución a todos los problemas institucionales en nuestro país.


Gerardo Carrasco y Felipe Neri Narváez son abogados de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.


El presente artículo fue publicado originalmente en la página de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y en la Revista Nexos. Agradecemos la autorización a los autores para poder publicarlo en Observatorio Ciudadano.


[1] Al respecto, ver la jurisprudencia P./J. 46/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación titulada “ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.”, localizable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el número de registro 2010881.



 

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